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Drummond deberá pagar $6.965 millones y limpiar las playas de Santa Marta
19 diciembre, 2013

Drummond

La empresa Drummond, responsable de arrojar aproximadamente 1.857 toneladas de carbón en el mar de Ciénaga, Magdalena, el pasado 13 de enero, fue sancionada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con una multa de $6.965 millones. Además, tendrá que hacer un trabajo social y comunitario, que incluye la limpieza de las playas de la Bahía de Santa Marta en el próximo año, y una labor de educación con los pobladores y los empleados sobre cuidado ecológico.

“Esta es la multa más alta impuesta por el Ministerio de Ambiente. Lo ejemplarizante es que por primera vez se obliga a hacer trabajo comunitario. Con esto, la empresa tendrá que invertir hasta diez veces más dinero que el de la multa”, explicó la ministra Luz Helena Sarmiento. Y agregó que “no vamos a dejar que las empresas pasen por encima de la regulación”.  Esta sanción cobija a las empresas American Port Company Inc., Drummond Ltd., Drummond Coal Mining LLC y Transport Services LLC.

“Como autoridad ambiental buscamos que no se vuelva a repetir. El territorio marino es igual de importante que los páramos”, señaló Nubia Orozco, directora de la ANLA. A partir del 1 de enero del próximo año, la Drummond deberá tener cargue directo del material; de no cumplir será sancionada con multas diarias.

El mineral terminó bajo el agua luego de que la Drummond intentará evitar el hundimiento de una de sus barcazas retirando parte del carbón que llevaba y arrojándolo por la borda. Ese día el asunto no preocupó a nadie. Es más, sólo dos semanas después las autoridades se enteraron de lo ocurrido, luego de que se publicaran seis imágenes que probaban el vertimiento.

Luego de recaudar pruebas en el lugar donde se presentó el incidente, la ANLA decidió abrir una investigación contra la compañía. En mayo de este año se les formuló cargos a las cuatro empresas involucradas en el incidente (American Port Company Inc., Drummond Ltd., Drummond Coal Mining LLC y Transport Services LLC) por causar un deterioro al ecosistema marino de la zona.

Ante la inminente sanción que tendría que enfrentar la Drummond, los abogados de la multinacional desplegaron toda una maniobra jurídica que dejó la sensación de que estarían intentando frenar la actuación que adelantaba la ANLA.

Por un lado, interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado, argumentando que esta agencia no era la entidad competente para investigar y sancionar estos casos, sino la Dirección Marítima (Dimar). De esta manera, la multinacional quería aprovechar que la máxima sanción que puede imponer la Dimar son 1.000 salarios mínimos.

Pero no pararon ahí los recursos jurídicos. La compañía instauró otra tutela acusando a la ANLA de una violación al debido proceso y de falta de imparcialidad, y además presentó una queja ante la Procuraduría también por falta de imparcialidad en el caso.

En julio pasado la Corte Constitucional le había dado a la compañía un plazo de tres meses para adquirir “tecnología de punta”, que le permitiera reducir la contaminación ambiental que generan sus actividades de explotación y transporte de carbón. El alto tribunal indicó que la multinacional estaba afectando el bienestar de las personas al arrojar partículas de carbón que traían serias repercusiones en la salud de los habitantes y el medio ambiente.

Fuente: El Espectador

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