La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), CCOO, UGT y CSI-F han pedido hoy la retirada del párrafo del artículo 58 del proyecto de ley que reforma la actual Ley de Montes, que eliminaría la competencia de los agentes para perseguir los delitos contra medioambiente.
La nueva norma, que modificará la Ley de Montes de 2003 aunque todavía debe ser aprobada en Consejo de Ministros, pretende eliminar la función de persecución de delitos contra el medioambiente de los casi 6.000 agentes forestales y medioambientales de España, que ahora tienen carácter de agentes de la autoridad y policía judicial.
Las organizaciones sostienen que los agentes son imprescindibles para la conservación y protección del medio natural y destacan su formación en todos los ámbitos del medioambiente y en la persecución de este tipo de delitos, como los incendios forestales, la construcción ilegal o los envenenamientos de fauna.
Los agentes forestales y ambientales “han sido sometidos a una campaña de hostigamiento y ninguneo por diferentes administraciones y medios de comunicación“, critican las organizaciones, que aseguran que se han ocultado logros determinantes de estos cuerpos para el mantenimiento de la biodiversidad española.
Entre las funciones de los agentes, estas agrupaciones elogian las labores de atención a las personas que viven en el medio rural, asesoramientos e informes técnicos y ambientales, autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental y denuncias de actuaciones contrarias a la normativa.
Sus actuaciones “arrojan un buen balance de trabajo, muy superior al que otros colectivos con más recursos y proyección pueden presentar“, afirman.
Conflicto de competencias con la Guardia Civil
Ante el conflicto de competencias con la Guardia Civil, planteado tras las declaraciones del teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Manuel Velarde, quien afirmó que iba a “dar prioridad a la vigilancia del patrimonio y del medioambiente“, estas organizaciones consideran que la Guardia Civil debería “volcar todos sus esfuerzos en la atención a los problemas de seguridad ciudadana“.
En su opinión, la vigilancia, protección e inspección del medioambiente debe ser competencia del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla y León, lo que debería hacerse extensivo al resto de comunidades autónomas.
Esto “evitará la invasión de competencias y tareas” entre cuerpos, “lo que está en línea con la necesaria mejora de la gestión de los recursos que la ciudadanía pone al servicio de las Administraciones Públicas“, aseguran.
Las organizaciones defienden que la definición de competencias no es obstáculo para que la colaboración entre ambos cuerpos sea más coordinada y efectiva para las situaciones que lo requieran.
Fuente: Agencia EFE
