Las condiciones que rodean la explotación de carbón en el país, así como los efectos que tiene sobre el medio ambiente y las poblaciones cercanas, se han constituido en una preocupación nacional. Sobre todo, desde el año pasado cuando una barcaza de la empresa Drummond derramara alrededor de 500 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta. El presidente Juan Manuel Santos decidió en enero suspender el cargue de carbón de la multinacional hasta que no se implementen ciertos procedimientos y la Fiscalía anunció hace poco que le imputará cargos a seis directivos y operarios de la multinacional por el mismo episodio. En ese contexto, tres informes de la Contraloría, conocidos por El Espectador, le siguen poniendo ‘peros’ a las condiciones de la explotación en el Cesar.
En esencia, el organismo de control enfocó su atención en evaluar el cumplimiento de nueve contratos suscritos en el Cesar con siete empresas dedicadas a la explotación del carbón. Los resultados apuntan a que existe una debilidad en la vigilancia y control fiscal sobre quienes usufructúan este bien no renovable. Además, la entidad fiscalizadora encontró que la Agencia Nacional de Minería (ANM), creada para administrar los recursos minerales del Estado y ejercer un control de la exploración y explotación minera, no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones. Es decir, la ANM, además de disponer los recursos carboníferos para su explotación, debe vigilar el cumplimiento de los contratos suscritos.
Sin embargo, la Contraloría encontró que en “algunos eventos las obligaciones contractuales no coinciden con disposiciones legales superiores, o que aun coincidiendo no se cumplen en su totalidad”. Concretamente, la Contraloría halló que varios contratos se están incumpliendo y que la ANM experimenta una serie de fallas que le impiden percatarse de ello. En la auditoría se evidenciaron 31 incumplimientos con respecto al pago de las regalías, los planes de explotación y exploración minera, los factores de seguridad y los planes de cierre y abandono de áreas mineras. En otras palabras, la Contraloría le jaló las orejas a la ANM.
Así mismo, el ente fiscalizador encontró que no existe información relativa a la fase de exploración de los contratos analizados porque los informes que debieron presentar las empresas al respecto no están ni en la ANM ni en el Servicio Geológico. Es decir, hay una ausencia de documentos para rastrear las acciones de las empresas contratistas. Además, los términos en los que se referencian los programas de trabajo para la explotación “son muy genéricos, por tanto la información de los mismos es general y no presenta un nivel de detalle que facilite la fiscalización de las obligaciones de los mineros, ante lo cual no se evidencia un pronunciamiento de la Autoridad Minera requiriendo mayor información o complemento de la entregada inicialmente”.
Es decir, lo que se consigna en los contratos respecto a la implementación de los planes de obra no especifica ciertos elementos –como los diseños o los planos–, lo que dificulta “la fiscalización de las obligaciones de los mineros”. Además, resalta la Contraloría, tampoco existe un pronunciamiento de la autoridad minera requiriendo mayor información de la entregada en un principio. En ese escenario, y con múltiples denuncias sobre los problemas en el medio ambiente que causa la explotación de carbón en el Cesar, es muy difícil para las autoridades ya no sólo evaluar los impactos en el ecosistema, sino rastrear que los contratistas cumplan lo pactado para minimizar este hecho.
En lo respectivo a las regalías, la Contraloría explicó que en algunos de los contratos “los pagos no fueron realizados en las fechas pactadas como lo promulgan los postulados mencionados, es decir, dentro de los 30 y 60 días siguientes a la fecha de cada embarque”. Una situación que al no ser percibido por la ANM le terminó generando pérdidas al Estado, pues si se aplica la norma de una manera adecuada se deberían liquidar los intereses por mora que se generado “al no efectuarse los pagos en las fechas de vencimiento”. Para la Contraloría esto demuestra “la falta de control ejercido por la autoridad minera al no identificar en forma oportuna el incumplimiento de la cláusula contractual y por no realizar las acciones necesarias para proceder a la liquidación y cobro de los valores”.
La importancia de la ANM en el control fiscal de los contratos y concesiones mineros se funda en que el Estado y sus habitantes puedan percibir algunos beneficios “por el otorgamiento de estas licencias y por permitir la explotación de recursos naturales y no renovables”. Es decir, los compromisos a los que están sujetas las empresas que explotan carbón y, en general, las minas, deben garantizar una serie de remuneraciones económicas, sociales y culturales. De ahí que, además del daño ambiental que esta actividad implica, el país deba enfrentar también las fallas institucionales en la vigilancia, control y seguimiento que se hace a los contratos mineros. En últimas lo que descubrió la Contraloría es que el Estado poco hace por intervenir o controlar estas explotaciones. Queda advertida la ANM.
Fuente: El Espectador
